Entre los principales contribuyentes a expandir esta retórica, se encuentran, según el informe, Lou Dobbs y Glenn Beck, de CNN, y Bill O’Reilly, de Fox, quienes “han jugado un papel importante en la creación de esta histeria anti-inmigrante”.
En representación de la MMAN, Karl Frisch señaló hoy que “este informe muestra con un alarmante detalle cómo Dobbs, Beck y O’Reilly ofrecen una programación constante de miedo, rabia y resentimiento en el tema de la inmigración ilegal”.

“Cuando no están condenando a los inmigrantes ilegales con afirmaciones falsas, -manifestó- este trío de distorsionadores de las noticias del cable está promoviendo leyendas urbanas sin fundamento y acusaciones falsas contra esta comunidad”.
Frisch resaltó que las cadenas televisivas CNN y Fox “deben responder a esto”, ya que “no hacerlo sería el colmo del periodismo irresponsable y un perjuicio para el público estadounidense”.

Clasificados en cuatro grandes apartados, el informe discute en detalle los mitos que están siendo perpetuados en medios de comunicación.

A pesar de que “numerosos estudios” han encontrado que en líneas generales los inmigrantes cometen menos crímenes que los ciudadanos que han nacido en el país, la MMAN asegura que “estos programas están decididamente obsesionados con el tema”.

Durante 2007, la supuesta conexión entre crimen e inmigración ilegal fue discutida en 94 episodios de “Lou Dobbs Tonight”, 66 episodios de “The O’Reilly Factor” en las noticias de Fox y 29 de “CNN headline News” de Glenn Beck.

Los inmigrantes indocumentados están impedidos de recibir la mayoría de servicios sociales ofrecidos por el gobierno federal, pero igualmente pagan una serie de impuestos, como el impuesto a las ventas o a la propiedad -mediante el alquiler-.

“Aún así, -señala el estudio- en el año 2007 la afirmación de que los inmigrantes indocumentados son una carga para los servicios sociales y no pagan impuestos fue debatida en 71 episodios de Lou Dobbs, 13 de Glenn Beck y 8 de O’Reilly”.

En cuanto a mitos y leyendas urbanas, los periodistas Lou Dobbs y Glenn Beck han perpetuado dos mitos entre sí que apuntan a “la construcción de una ’supercarretera del NAFTA’ desde México hasta Canadá, así como a la planificación de unificar México, Canadá y EEUU en una “Unión Norteamericana”.

Dobbs ha discutido, según el informe, la ficticia “Unión Norteamericana” en 52 programas diferentes en los últimos años.

Asimismo, “los tres programas expuestos han presentado el mito de la ‘reconquista’ -que afirma la existencia de un movimiento activo para que México se apodere del sureste estadounidense- como si fuese un hecho real”.

Entre las afirmaciones sin fundamento, la MMAN manifiesta que los espectadores del programa “Lou Dobbs Tonight” han escuchado en reiteradas ocasiones “la mítica explosión de casos de lepra” debida a la inmigración ilegal o “la mítica epidemia de fraudes electorales” relacionados con este colectivo.

A principios del pasado febrero, el Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por sus siglas en inglés) empezó las primeras acusaciones a determinados medios de comunicación por difundir mensaje de odio hacia el colectivo inmigrante.

Como ejemplo de este vocabulario, la organización nacional más grande de apoyo y defensa de los derechos civiles de los hispanos en EEUU recordó un estudio del Centro Legal de Pobreza del Sur (SPLC, por sus siglas en inglés) que señala los términos “ejército de invasores” o “enjambre” como sinónimos de inmigrante.

En la 76 reunión de invierno en Washington, los alcaldes de EE.UU. recomendarán la aprobación de esta medida que también persigue “mejorar la seguridad fronteriza y fortalecer la prosperidad económica” del país, según señala la organización de la conferencia.
Con más del 85 por ciento de la población estadounidense viviendo en ciudades y áreas metropolitanas, la reunión se centrará en temas urbanos, abarcando problemáticas como la juventud en situación de riesgo o la lucha contra la violencia.
Actualmente, el 58 por ciento de los estudiantes hispanos y el 53 por ciento de los afroamericanos acaba graduándose en las escuelas secundarias, lo que supone una pérdida de empleo y de ingresos de impuestos, así como un aumento de los costes asociados con los encarcelamientos, las pandillas, los servicios sociales y la pobreza en general.
Alarmados por las crecientes cifras de delincuencia, los alcaldes de EE.UU. también pedirán la creación de una iniciativa integral contra el crimen, que restaure la sociedad federal-local para mejorar la seguridad ciudadana.
Según el Informe Unificado del Crimen de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), EE.UU. experimentó en 2005 el mayor incremento de los últimos catorce años en el crimen violento, cifra que en 2006 aumentó en dos dígitos en muchas de las ciudades del país.
Por otra parte, los regidores se ocuparán de medidas para el acceso a la vivienda al apoyar un Fondo Nacional de Inversiones para Vivienda Accesible, la entrega completa de fondos de subsidios de operación para vivienda pública y de fondos de capital para vivienda privada, así como el restablecimiento del programa HOPE VI para el rescate de la vivienda pública.
A pesar de que el turismo es uno de los potenciales de la economía estadounidense, la cuota del turismo a EE.UU. ha disminuido un 17 por ciento desde los atentados terroristas del 11-S, en gran medida por las dificultades de visados y de acceso en general que tiene el país, según los organizadores de la reunión.
En este sentido, la conferencia instará a reformar los procesos de visados, mejorar la admisión de los turistas y la promoción de este sector, además de pedir la participación del gobierno para conseguir que la ciudad de Chicago se convierta en la sede de los Juegos Olímpicos de 2016.
Bajo el lema “Ciudades fuertes. Familias fuertes. Para un país fuerte”, el programa de estas tres jornadas se completa con el tratamiento del Acuerdo de Protección Climática -firmado por más de 730 alcaldes del país-, la asistencia federal para el desarrollo comunitario, la modernización de las infraestructuras y los mandatos sin fondos.

A quienes critican esas medidas, les dice que deben “madurar”.  A partir del primero de febrero no bastará con presentar una licencia de conducir y una declaración oral de ciudadanía para ingresar a EU desde México y Canadá. Habrá que presentar pruebas de ciudadanía, como un pasaporte. Chertoff admitió que seguramente habrá colas más largas cuando entren en vigor esas medidas. 
“Estoy seguro de que en el inicio, hasta que la gente se acostumbre, habrá algunas demoras”, manifestó.   Chertoff restó importancia al argumento de que estas medidas adicionales de seguridad pueden ser incómodas para quienes cruzan la frontera.

La última medida ha sido el rechazo por parte de un juez federal de Arizona de una petición que reclamaba bloquear temporalmente una ley estatal que penalizará a los negocios que contraten inmigrantes indocumentados a partir del 1 de enero.

El juez federal Neil Wake desestimó hace varios dias los argumentos de una coalición de empresarios acerca los daños en la economía del estado de la ley HB2779 que perseguirá a los negocios que contraten a indocumentados.

En su decisión, Wake rechazó tales argumentos al considerar que no han demostrado que la aplicación de la ley pueda causar un daño inmediato.
Varias organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y una coalición de dueños de negocios presentó una solicitud al tribunal para que suspendiera por 45 días la implementación de la ley estatal HB2779.

Los demandantes solicitaron el aplazamiento de la entrada en vigor de la ley para tener tiempo de presentar más pruebas sobre la supuesta inconstitucional de la ley.

De acuerdo a los demandantes, la ley establece sanciones a los negocios que contraten indocumentados, pero que en realidad debería ser una responsabilidad que solo corresponde al Gobierno federal.

Abogados que representan a tal coalición de negocios y organizaciones pro-inmigrantes anunciaron que interpondrán de inmediato una apelación.

Pero debido a los días festivos de fin de año, el tiempo es muy reducido para lograr una decisión favorable.

La nueva ley que entrará en vigor el 1 de enero ha sido calificada como la más severa en contra de la inmigración ilegal en los Estados Unidos, ya que todas las empresas en Arizona deben verificar el estatus migratorio de sus empleados.
Aquellos que sean sorprendidos dando trabajo a inmigrantes indocumentados de forma intencional pueden sufrir la suspensión de su licencia de operaciones hasta durante diez días.

En caso de reincidir el negocio podría perder permanentemente su permiso para operan en Arizona.

Los indocumentados en Arizona, no solo están preocupados por la próxima implementación de la HB2779, sino también por el incremento en la cooperación entre departamentos policiales y el servicio de inmigración.

Cada vez son más los casos de indocumentados, que son arrestados durante una detención rutinaria de tráfico y son entregados a la “migra” por no tener una licencia de conducir de Arizona o una identificación valida.

De las 2.079 personas arrestadas por cargos migratorios durante el año fiscal, 270 tenían antecedentes penales aparte de vivir ilegalmente en el país, indicó la agencia federal de Aplicación de Leyes de Aduanas e Inmigración.
Para fines de septiembre, 1.220 de los arrestados habían sido deportados.
Las autoridades migratorias fueron blanco de escrutinio este verano, luego que trascendiera que el presunto asesino de tres universitarios en Newark era un indocumentado que había sido arrestado anteriormente por cargos de ataque agravado y abuso sexual de menores.

El texto de la propuesta propone exigir a los hospitales que verifiquen el estatus migratorio de los padres de los recién nacidos ante de otorgar una acta de nacimiento.
“El estado de Arizona no debe registrar ningún certificado de nacimiento de ningún niño nacido de padres que están sujetos a un poder extranjero, que no debe alianza inmediata a los Estados Unidos,” indica la propuesta.
Entre los que favorecen la iniciativa para negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos se encuentra el legislador estatal Russell Pearce (R-Mesa), quien también planea presentar una iniciativa similar.
El grupo que respalda la propuesta tiene de plazo hasta el próximo 3 de julio para recaudar las firmas de 153.365 votantes registrados con objeto de que la medida pueda someterse a votación en noviembre del año que viene.
Expertos legales que rechazan la propuesta consideran que para implementar una medida de ese tipo se necesitaría reformar la Constitución de los Estados Unidos.
“Si ellos (los hijos de indocumentados) nacieron en Estados Unidos son ciudadanos de los Estados Unidos, punto. Y cada ciudadano tiene derecho a una acta de nacimiento”, aseguró al “Arizona Republic”, Evelyn Cruz, directora del departamento de Leyes y Política de Inmigración en el Colegio de Leyes de la Universidad del Estado de Arizona (ASU).

El organismo dio a conocer la nueva batería de 100 preguntas y sus respectivas respuestas que componen el nuevo test para los residentes permanentes que aspiran a conseguir la ciudadanía estadounidense.
Los candidatos a la naturalización que hayan solicitado examinarse antes del 1 de octubre de 2008 y se les otorgue una fecha posterior a ese día tendrán la opción de decidir si hacen el test antiguo o el renovado.
Esta edición revisada promoverá el patriotismo entre los aspirantes y enfatizará los conceptos fundamentales sobre la historia, la democracia, los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos estadounidenses, explicó el USCIS.
Los residentes permanentes que afronten este test, que es sobre diez preguntas, tendrán que responder acertadamente seis para aprobar el examen.
Una de las principales novedades que tendrán cabida en esta prueba es el aumento del número de respuestas válidas para una sola pregunta.
Por ejemplo. A la pregunta de ¿cuál es uno de los derechos recogidos en la Primera Enmienda?, el USCIS aclara que se podría contestar cualquier de las siguientes respuestas: libertad de expresión, de religión, de reunión, de prensa y de solicitar al Gobierno la reparación de agravios.
Unos 45 millones de personas, el 17 por ciento de la población de EE.UU., es de origen hispano, y actualmente existen ocho millones de residentes permanentes, la mitad de ellos latinos, que son elegibles para aspirar a la ciudadanía.
Pero las nuevas tarifas del proceso de naturalización, que aumentaron de 330 a 595 dólares el pasado 30 de julio, dificultan el registro.
Durante este año, más de 6.000 candidatos a obtener la ciudadanía se presentaron voluntarios a formar parte de un programa piloto en diez instituciones del USCIS en todo el país durante cuatro meses.
El 92,4 por ciento de ellos superó el examen.
Un panel de profesores de inglés como segunda lengua y de expertos en historia y política fueron los encargados de desestimar 42 preguntas y de seleccionar la centena que formará parte de la nueva evaluación.
“Estamos muy orgullosos de este nuevo examen”, dijo en un comunicado Emilio González, director del USCIS, quien destacó el trabajo en equipo que ha desempeñado su entidad junto a sus socios en esta materia.
“Juntos hemos desarrollado una prueba que animará a los candidatos a aprender e identificar los valores cívicos básicos que nos unen como estadounidenses”, agregó González.
La oficina de Funcionarios Latinos Electos y Elegidos (NALEO) señaló que las modificaciones efectuadas sobre el actual examen no son significativas aunque las personas declaradas elegibles para obtener la ciudadanía tendrán que demostrar un conocimiento básico de los temas exigidos.

Carl Rusnok, vocero del Servicio de Inmigración y Aduana, señaló el martes un repunte en el número de los inmigrantes sin documentos que son reportados a ese organismo federal y dijo que se debía a una aplicación mayor del Programa Forastero Criminal que permite la colaboración de policías locales y agencias de inmigración en la detención de delincuentes indocumentados.

“Las notificaciones adicionales requerían recursos adicionales que no están disponibles de inmediato”, explicó Rusnok, citado el martes en la edición electrónica del diario The Dallas Morning News.

El Servicio de Inmigración y Aduana _conocido por su siglas ICE en inglés_ pidió a policiales locales que le notifiquen los casos de personas sospechosas de ingresar ilegalmente a Estados Unidos que estén detenidas por delitos del Tipo B o más graves.
Rusnok dijo que la agencia de inmigración atenderá cuando pueda los casos de los indocumentados implicados en cargos del Tipo C.

Los delitos del Tipo C incluyen exceso de velocidad, agresión, consumo de sustancias prohibidas en lugares públicos y emisión de cheques sin fondos. La multa por estos cargos es de hasta 500 dólares. El ICE responderá cuando los indocumentados detenidos por algún delito del Tipo C hayan portado armas, tengan una orden judicial con fines de deportación o estén involucrados en delitos graves.

De acuerdo con un memorándum enviado a la ciudad de Irving, las nuevas normas permitirán al ICE “destinar nuestros activos policiales en la manera más eficaz posible para atender la seguridad pública y las amenazas a la seguridad nacional”.

Según autoridades de Irving, alrededor del 60% de los más de 1.700 presuntos indocumentados que fueron entregados al ICE con fines de deportación desde el año pasado estaban acusados de delitos del Tipo C.

Defensores de los derechos de los inmigrantes acusan a las autoridades policiales de Irving de registrar a personas con base en sus rasgos raciales y forzar la ley para detener a indocumentados con la intención de que sean deportados.

Las autoridades de la ciudad responden que la policía solamente suministra información a los agentes de inmigración para agilizar la deportación de los indocumentados que estén encarcelados.